Pensábamos que celebraríamos la legalización del cannabis recreativo en México. Nos equivocamos.

Hace dos meses publicamos un post para celebrar la aprobación por parte de la Cámara Baja de México del proyecto de Ley de Cannabis que le había enviado el Senado mexicano el pasado mes de noviembre. En ese post, escribí: "La Ley regresará ahora al Senado mexicano, donde se espera que sea aprobada más o menos como está redactada, momento en el cual, pasará al Poder Ejecutivo para su publicación."

Uy.

Hace poco más de un mes el Senado terminó su periodo de sesiones no sólo sin haber aprobado la Ley, sino habiendo ignorado la directriz de la Suprema Corte (que data de 2018) para hacerlo. Como recordatorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2018 que la prohibición del gobierno federal al uso lúdico de la marihuana era inconstitucional y ordenó al Congreso aprobar una reforma que legalizara el uso recreativo en un plazo de 90 días. Desde entonces, la Corte ha fijado múltiples plazos para que el Congreso actúe, siendo el 30 de abril de 2021 el último.

La única obligación del Congreso en virtud del mandato del Tribunal Supremo era regular el cultivo y el consumo de cannabis para uso personal, pero durante mucho tiempo, los miembros del Congreso declararon públicamente que intentarían crear un marco que permitiera la creación de una industria del cannabis.

Por desgracia, intervino la política. En México, como en muchos otros países, el cannabis es un tema polarizante. Los conservadores sociales utilizan el tema para asustar a los votantes(¡drogas!) sobre las intenciones de la oposición y para tranquilizarlos sobre sus propias credenciales.

En el período previo a las elecciones del domingo pasado, el Senado se apartó del compromiso sobre el tema, aparentemente prefiriendo trasladar cualquier contragolpe político a la Corte Suprema, que ya en 2018 dijo que anularía la prohibición del gobierno sobre el uso recreativo de la marihuana si el Congreso no promulgaba reformas. Una complicación es que la composición del Tribunal Supremo ha cambiado ligeramente desde su fallo de 2018, y la emisión de una Declaración General de Inconstitucionalidad requeriría el apoyo de ocho de 11 jueces.

Así pues, ¿cuál es la situación actual para las empresas (o nuevas empresas) del sector del cannabis interesadas en el mercado mexicano?

El resultado final de las elecciones será un factor importante, por supuesto. El partido MORENA del presidente Andrés Manuel López Obrador parece mantener su pluralidad en la Cámara Baja del Congreso de México, pero ha perdido un número significativo de escaños y tendrá que trabajar con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) para aprobar leyes.

Para los negocios de cannabis, esta es una buena noticia; los políticos y legisladores de MORENA fueron los creadores de la Ley de Cannabis, y son los más propensos a presionar para una mayor acción hacia su promulgación, por ejemplo, retomándola durante la próxima sesión del Senado, programada para comenzar el 1 de septiembre de 2021. La victoria de la oposición probablemente habría pospuesto la creación de un marco legislativo para apuntalar el desarrollo de una industria del cannabis hasta que los vientos políticos hayan vuelto a cambiar.

Otra cuestión es si la Suprema Corte seguirá adelante y emitirá una Declaración General de Inconstitucionalidad en relación con la prohibición gubernamental del uso recreativo de la marihuana. De ser así, y si al menos ocho ministros votan a favor, la legislación existente sería eliminada de la legislación mexicana, lo que crearía un vacío legal en el que no habría ninguna ley aplicable al uso no médico de la marihuana.

Si la Suprema Corte se reúne para considerar la emisión de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero la mayoría de los ministros no la aprueba, los consumidores tendrán que seguir solicitando a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios(COFEPRIS) un permiso de autocultivo/autoconsumo y tendrán que seguir presentando amparos (demandas en tribunales federales que obligan al gobierno a defender sus acciones) en caso de falta de respuesta o negación.

Un último factor a tener en cuenta: al igual que en Estados Unidos, los legisladores estatales mexicanos tienen una visión diferente a la de sus homólogos federales sobre la cuestión del cannabis, y me han dicho que los legisladores de muchos estados están redactando leyes que allanarían el camino para el establecimiento de una industria legal de cáñamo industrial. Una vez más, el resultado de las elecciones de ayer será fundamental para el desarrollo de esta línea argumental, pero sin duda sería una buena noticia para las partes interesadas de la industria y los consumidores.

Lo anterior es una actualización sobre la situación política que rige el desarrollo de los negocios de cannabis recreativo y cáñamo industrial en México. En breve volveré a publicar un post, con mis sugerencias sobre cómo los negocios de cannabis y los inversores deben reaccionar ante esta noticia.

Lea el segundo post AQUÍ.

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