Los legisladores costarricenses se disponen a reiniciar el debate sobre un proyecto de ley (Expediente N.° 21.388) para legalizar el cáñamo y el cannabis medicinal. El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa el pasado mes de noviembre, pero su presentación al pleno de la Asamblea se ha retrasado.
La autora del proyecto de ley es la legisladora independiente Zoila Rosa Volio, agrónoma y abogada, que ha esgrimido argumentos económicos y sanitarios en apoyo de la legalización. Además de garantizar el acceso de los costarricenses a los tratamientos con cannabis, el desarrollo de una industria cannábica se considera un motor potencial de crecimiento y de aumento de los ingresos públicos.
Según la ley propuesta, el cáñamo se define como cannabis con un contenido de THC inferior al 1%. El proyecto de ley distingue entre productos deuso terapéutico y deuso médico. Esto es interesante, ya que los términos cannabis terapéu tico y cannabis medicinal se utilizan a veces indistintamente. Sin embargo, tal y como se define en el proyecto de ley, el uso terapéutico es aquel para el que no se requiere supervisión o autorización médica, mientras que el uso medicinal sí requiere supervisión médica. A pesar de esta distinción, los términos se utilizan conjuntamente en todo el proyecto de ley, excepto en el artículo 13.2, que prevé la producción artesanal autorizada de productos de uso terapéutico únicamente.
El proyecto de ley no establece ningún requisito de licencia para el cultivo de cáñamo, más allá de lo que se exige para la actividad agrícola general. En cuanto al cannabis medicinal, los cultivadores deberán obtener una licencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por su parte, quienes pretendan elaborar productos acabados deberán obtener una licencia del Ministerio de Sanidad. El proyecto de ley no aborda la concesión de licencias a extranjeros. Dado el debate en torno a la ley propuesta, así como la apertura general de la economía costarricense, es probable que esta omisión sea indicativa de la intención de permitir la participación extranjera en la incipiente industria del cannabis.
Según las disposiciones del proyecto de ley, la cualificación como paciente de cannabis medicinal la determinarán los médicos de la persona. Los pacientes estarán autorizados a cultivar su propio cannabis.
La nueva ley establecería un impuesto del 1% sobre las transacciones de cannabis medicinal (pero no de cáñamo). Si el proyecto se convierte en ley, el poder ejecutivo dispondrá de seis meses para promulgar la normativa.
En general, el proyecto de ley parece lograr un buen equilibrio entre el deseo del Gobierno de obtener beneficios presupuestarios de la legalización del cannabis y dar a la industria margen para crecer como considere oportuno. La reducción de las cargas reglamentarias sobre el cáñamo es digna de aplauso, así como un ajuste sensato.
Dado el éxito de Costa Rica a la hora de atraer inversiones de empresas extranjeras, en particular de fabricantes de electrónica y dispositivos médicos, hay motivos para albergar esperanzas sobre las perspectivas de su industria del cannabis, ¡suponiendo que la Asamblea Legislativa vote a favor de su existencia!
