Los pasados 15 y 16 de mayo, Chile eligió una convención constitucional, encargada de redactar una nueva ley fundamental para el país sudamericano. Los observadores del cannabis deberían tomar nota, ya que el documento resultante podría tener implicaciones positivas para el cannabis.
Los chilenos votaron a favor de una revisión constitucional tras las protestas que sacudieron el país en 2019 y 2020, consideradas en gran medida una reacción contra la creciente desigualdad social. Según los críticos, la Constitución saliente de 1980 es un vestigio de la dictadura de Pinochet, aunque otros señalan que la carta ha sido ampliamente modificada durante la era democrática de Chile, eliminando su impronta autoritaria.
No es de extrañar, dado el actual estado de ánimo en Chile, que los partidos tradicionales de izquierda hayan obtenido 53 de los 155 escaños de la convención, y que otros 48 hayan sido obtenidos por independientes, la mayoría de los cuales "son organizadores comunitarios de izquierdas y activistas de causas tradicionales de izquierdas, incluidos ecologistas, feministas, defensores de la vivienda pública y organizadores comunitarios". Otros 17 escaños serán ocupados por miembros de grupos indígenas, "la mayoría de los cuales también se identifican con causas de izquierdas".
Según la Fundación Daya, una organización sin ánimo de lucro que aboga por los pacientes chilenos de cannabis medicinal, 104 de los 155 delegados a la convención constitucional "apoyan la despenalización efectiva ... del cannabis y el cultivo casero". Aunque el cannabis medicinal es legal en Chile, sus defensores denuncian la extralimitación de las fuerzas del orden, así como las dificultades para conseguir un tratamiento asequible.
La directora de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri, ha advertido que "ni la palabra cannabis ni marihuana aparecerán en ninguna parte de la nueva Constitución". En cambio, el nuevo documento podría ofrecer "un marco que garantice la salud como derecho, incorporando todas las alternativas terapéuticas, así como los saberes ancestrales, populares y tradicionales de nuestros pueblos originarios". Téngase en cuenta que los representantes de esos pueblos originarios constituyen el 10% de la convención.
Aunque la atención se centra en el acceso al cannabis medicinal, también hay voces que piden una legalización más amplia. Para el candidato a la convención Fernando Sepúlveda:
debe establecerse explícitamente en la nueva Constitución que ningún agente del Estado puede interferir en la soberanía personal a menos que se demuestre un daño a terceros o a un bien jurídico protegido como la naturaleza.
Este énfasis en la elección individual sería coherente con el consumo legal de cannabis para adultos. Al menos una convencional electa, Manuela Royo, ha pedido la legalización del cannabis recreativo, nada que su propio consumo recreativo de cannabis "no le haya impedido ser una profesional competente."
La Fundación Daya también ha destacado la elección de varios alcaldes (coincidiendo con las elecciones para la convención) que apoyan un mayor acceso al cannabis medicinal, por ejemplo a través defarmacias populares sin ánimo de lucro, así como el fin de las ambigüedades legales. Entre ellos se encuentra Irací Hassler, la alcaldesa comunista (sí, has leído bien) electa de la capital del país, Santiago. Esta oleada de cargos electos pro-cannabis podría ser un anticipo de las elecciones legislativas y presidenciales de noviembre en Chile. Si los defensores del cannabis pueden ejercer presión de forma eficaz, puede que sólo sea cuestión de tiempo que veamos un marco legal sólido que aumente el acceso al cannabis medicinal chileno, y quizás también al cannabis para uso de adultos.
