Cannabis y papeletas, Parte 1: Ecuador

Cinco* países latinoamericanos celebrarán elecciones presidenciales en 2021, y también tendrán lugar algunos comicios legislativos importantes. Algunos de estos comicios tendrán implicaciones para la política del cannabis, y vamos a analizar lo que está en juego en cada votación, empezando por Ecuador, que acude a las urnas el próximo domingo 7 de febrero para elegir un nuevo presidente y una nueva legislatura.

El pasado mes de octubre, el Ministerio de Agricultura de Ecuador promulgó un reglamento sobre el cáñamo, que establece un marco legal para el cannabis con un contenido de THC inferior al 1,0%. La posesión o el consumo de cannabis están despenalizados, pero sólo para cantidades que no superen los diez gramos. ¿Podría un nuevo ocupante del Palacio de Carondelet impulsar una mayor legalización, abriendo la puerta al cannabis recreativo legal?

El actual favorito es Andrés Arauz, economista y antiguo alumno de la Universidad de Michigan. El compañero de fórmula de Arauz, Carlos Rabascall, ha dicho que su gobierno no modificaría la lista que establece la cantidad máxima de 10 gramos. Sin embargo, es importante recordar que la lista incluye drogas como el éxtasis y la heroína, de las que el gobierno podría diferenciar el cannabis si fuera necesario.

Arauz ha indicado que el ex presidente Rafael Correa (también graduado de Big Ten, ya que obtuvo un doctorado en la Universidad de Illinois) será uno de sus principales asesores. Fue bajo el mandato de Correa cuando Ecuador despenalizó el cannabis y otras sustancias controladas (sujetas al calendario descrito anteriormente). Sin embargo, se mostró tibio en el tema de la legalización, declarando en 2014 que su gobierno tenía "mil prioridades" más apremiantes. Al mismo tiempo, advirtió de que "la actual estrategia contra las drogas y el narcotráfico ha sido un completo fracaso, por lo que no debemos excluir ninguna posibilidad, incluida la legalización de algunas drogas."

Además de su rechazo al enfoque de la ley y el orden, el mundano Correa (que actualmente vive en la Bélgica natal de su esposa) seguramente debe ser consciente del cambio radical que se ha producido en lo que respecta al cannabis en los años transcurridos desde que dejó el cargo. En cuanto a Arauz, es difícil imaginar que una persona de 36 años que estudió en Ann Arbor (cuna del Hash Bash) y en Ciudad de México (posiblemente la ciudad más liberal de Latinoamérica) tenga una hostilidad profundamente arraigada hacia el cannabis. Parece claro que la legalización del cannabis no sería una prioridad para una presidencia de Arauz, pero si se abre un debate, su respuesta y la de su asesor de confianza podrían ser favorables.

Por su parte, el principal rival de Arauz, Guillermo Lasso, tuiteó el año pasado que "el cultivo y la distribución deben permitirse para USOS MEDICINALES". Aunque su apoyo inequívoco al cannabis medicinal es alentador, su énfasis en todo mayúsculas también sugiere que no es partidario de extender las iniciativas de legalización al cannabis recreativo.

Según el sistema electoral ecuatoriano, será necesaria una segunda vuelta si ningún candidato obtiene una mayoría absoluta en la primera (o el 40% de los votos con una ventaja de más de 10 puntos sobre el rival más próximo). La mayoría de las encuestas sugieren que Arauz deberá enfrentarse a Lasso en una segunda vuelta, pero Yaku Pérez, miembro del grupo indígena Cañari, sigue siendo competitivo para el segundo puesto. Pérez ha situado las preocupaciones medioambientales en el centro de su plataforma, oponiéndose a las actividades extractivas, lo que sugiere que podría ser proclive a un mayor desarrollo de una industria del cannabis respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, hasta donde sabemos, Pérez no ha hecho declaraciones públicas sobre el cannabis.

En definitiva, el futuro de la industria del cáñamo en Ecuador parece seguro, independientemente de los resultados electorales. Además, con un poco de suerte, el país podría ser testigo de nuevas legalizaciones. Estaremos atentos a lo que ocurra el 7 de febrero y después.

* Técnicamente hablando, Nicaragua celebrará elecciones en noviembre, pero tal y como están las cosas, el partido gobernante tendrá libertad para inhabilitar a los candidatos de la oposición.