El 18 de noviembre de 2021, la Greater Phoenix Urban League y Acre 41 Enterprises, LLC (los "Demandantes"), demandaron al Estado de Arizona, al Departamento de Servicios de Salud de Arizona (el "Departamento"), al Gobernador Ducey y al Director del Departamento por su supuesta falta de implementación de las disposiciones de equidad social de la Proposición 207 al emitir regulaciones finales que socavan la voluntad de los votantes de Arizona. En virtud de la Proposición 207, que fue aprobada por los votantes de Arizona en noviembre de 2020, ahora es legal que los titulares de licencias vendan marihuana con fines recreativos.
Además, como parte de la proposición, se aprobó lo siguiente, que creó el SEOP de Arizona: el Departamento aprobará normas para la creación y aplicación de un programa de propiedad de equidad social para promover la propiedad y operación de establecimientos de marihuana e instalaciones de prueba de marihuana por parte de personas de comunidades desproporcionadamente afectadas por la aplicación de leyes anteriores sobre la marihuana. ARS § 36-2854(A)(9). En octubre de 2021, el Departamento publicó el reglamento final del SEOP tras haber publicado varios proyectos de reglamento. El reglamento final entró en vigor el 17 de noviembre de 2021. Numerosas personas y empresas formularon comentarios sobre la propuesta de reglamento.
Estaba previsto que el Departamento comenzara a recibir solicitudes en diciembre de 2021, pero ahora eso parece estar en un estado de cambio debido a la nueva demanda. Se suponía que el periodo de presentación de solicitudes iba del 1 al 14 de diciembre de 2021. Que el Departamento acepte o no solicitudes durante ese periodo está ahora en manos del tribunal.
Según el comunicado de prensa emitido por los demandantes:
La demanda exige el cumplimiento de la intención de la Proposición 207-la iniciativa de los votantes de 2020 que hizo legal la marihuana recreativa en Arizona y requiere que el Estado emita 26 valiosas licencias de dispensarios de marihuana a individuos de "comunidades desproporcionadamente impactadas por la aplicación de leyes de marihuana anteriores." Las regulaciones propuestas por el Estado socavan la voluntad de los votantes de Arizona al no garantizar que esas 26 licencias permanecerán en manos de personas de comunidades desproporcionadamente afectadas después de que sean emitidas por el Departamento de Servicios de Salud de Arizona. Tal y como están ahora, las regulaciones propuestas por el Estado no prohíben a las empresas de capital riesgo y a las grandes empresas de marihuana multiestatales, en su mayoría de propiedad blanca, arrebatar todas las licencias de equidad social de los 26 solicitantes seleccionados, frustrando así el propósito del programa de equidad social aprobado por los votantes.
Además, los demandantes también alegan:
Lo que más preocupa a la Greater Phoenix Urban League es que las normas no garantizan que los 26 dispensarios de equidad social se gestionen de forma que beneficien a las comunidades más perjudicadas por la "guerra contra las drogas". La demanda cuestiona el hecho de que el Estado no haya aplicado normas para establecer un programa de funcionamiento y supervisión de 26 licencias de equidad social y que no haya formulado normas que garanticen que los dispensarios de equidad social y los negocios relacionados sean gestionados por personas de las comunidades a las que la ley pretendía ayudar.
Dado que la demanda se acaba de presentar, es prematuro saber si el tribunal dictará algún tipo de medida cautelar o concederá la reparación solicitada en la demanda. En la demanda se detallan las diversas formas en que la normativa vulnera supuestamente el espíritu y la intención del SEOP.
Seguiremos proporcionando actualizaciones a medida que avance este litigio.
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